La investigación, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, busca determinar si el Ejecutivo, desplegó acciones de «inteligencia ilegal» sobre magistrados y legisladores.
La noticia del presunto espionaje por parte del gobierno a jueces y camaristas sacudió a los tribunales de Comodoro Py en las horas posteriores a su difusión, en el portal El Destape. La investigación, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, busca determinar si el Ejecutivo, a través de diferentes organismos, desplegó acciones de «inteligencia ilegal» tanto sobre magistrados, como legisladores, y editorialistas, además de un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre los posibles espiados figura el propio Canicoba Corral, que envió su caso a sorteo, tras lo cual recayó en el juzgado de María Servini, otras de las que aparece entre los afectados del caso. En su dictamen, el fiscal Ramiro González – quien reemplaza a su par Federico Delgado, en cuya fiscalía había recaído el caso- sostuvo que se busca determinar si desde las dependencias estatales que aparecen en el caso: “se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia ilegal”
El principal punto de la investigación son las consultas a la Dirección Nacional de Migraciones desde distintos usuarios en diferentes organismos públicos: el Ministerio de Seguridad, la AFIP, la Policía Federal, la Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería, la Procuración General de la Nación, Prefectura, la Policía de la Ciudad, y dependencias de la Corte Suprema. A partir de esos elementos, el magistrado les pidió a todos los organismos que informen en “el marco de qué investigación y con intervención de qué Magistrado, se dispuso ingresar la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones y obtener información de salidas al exterior”. Algunas de esas ya llegaron y no sólo no n logrado disipar las dudas que pesan sobre ellos, sino que hasta las acrecentaron. Entre los nombres sobre los que se pidieron datos están: desde el cortesano Juan Carlos Maqueda, pasando por los camaristas Ana María Figueroa, Martín Irurzun, y los jueces Mariano Llorens, Rodolfo Canicoba Corral, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Luis Osvaldo Rodriguez, María Servini, Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart, Pablo Yadarola, Claudio Gutierrez de la Cárcova, María Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer, Angel Nardiello, Sergio Paduczak, Javier Feliciano Río, José Martínez Sobrino y Nicolas Toselli, hasta Carlos Pagni y el dirigente Gustavo Vera, aparecen en la lista de afectados por el caso. “Bajo la doctrina Irúrzun, el director de Migraciones pasaría navidad en Ezeiza”, sostuvieron fuentes del alto tribunal a Perfil. Lo hicieron en referencia a la resolución del camarista Martín Irúrzun, que habilitó, desde octubre de 2017, que de extendieran los límites para decidir prisiones preventivas. Los máximos afectados por esa visión fueron ex funcionarios kirchneristas. Tras conocerse la noticia, en Comodoro Py, se dividían las aguas respecto de los alcances del caso. Mientas que algunos no dudan en catalogarlo como “un escándalo institucional”, otros ven “la mano de la política”, en la causa. En lo que coincidían unos y otros fue en reconocer la actitud del ministro Germán Garavano, quien se comunicó con los afectados. Fue para transmitir la solidaridad del gobierno y comprometerse a investigar hasta las últimas consecuencias. Por su parte una fuente cercana a la Unidad de Información Financiera, desmintió “categóricamente las insinuaciones falsas recientemente publicadas sobre su supuesto involucramiento en tareas de “espionaje ilegal” con relación a magistrados y funcionarios”.
La misma fuente sostuvo que no la UIF no hace “espionaje”. Al tiempo que agregó que “el organismo es el encargado de investigar sospechas de lavado de activos y financiación del terrorismo”. Y que para ello, ”recibe información de fuentes locales e internacionales y cuenta a su vez con facultades legales para requerir información sobre las operaciones sospechosas que se encuentre analizando”. Por último, la fuente mencionada, afirmó que se trata de ”operaciones mediáticas montadas precisamente por la negativa dela UIF a violar dichas obligaciones en el marco de requerimientos judiciales extralimitados”.
Fuente: perfil
