Entre finales del mes de agosto y los primeros días de septiembre se produjeron novedades procesales en la causa conocida como “Lavado I” que se investiga en el fuero federal y en la que se encuentran imputados exfuncionarios del actual gobierno provincial, entre ellos el exsecretario general de Gobierno, Horacio Rey, y el exsubsecretario de Comercio, Roberto Lugo. Pero las novedades no involucran a ninguno de los dos sino a Ismael Fernández, cuñado de Rey, a quién la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó su prisión preventiva el 22 de agosto pasado y a quién, posteriormente, más precisamente el 30 de agosto, concedió un nuevo recurso de casación.
Prisión preventiva confirmada
En su resolución del 22 de agosto, que lleva las firmas del juez de Cámara, Juan Manuel Iglesias y de los conjueces Mariano Aranda y Fernando Carbajal –por la inhibición de los jueces que fallaron anteriormente-, se confirmó la prisión preventiva de Fernández, luego de que la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal anulara una resolución anterior del mismo tribunal que había ratificado la detención del imputado dictado en primera instancia por la jueza federal Nº 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger.
Vale recordar que Fernández se encuentra con procesamiento firme en orden al delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautor. Según la hipótesis de la investigación, los imputados habrían conformado un grupo organizado para extraer dinero espurio del erario público del Estado Provincial para transformarlo e introducirlo al circuito legal económico. En ese contexto, Fernández habría ocupado “un rol preponderante” en la maniobra delictiva por haber sido titular de la Unidad Ejecutora “Chaco Construye”, dependiente de la Secretaría General de Gobierno (que dependía jerárquicamente de su cuñado Horacio Rey), y también presidente de la Fundación Norte.
Entre los elementos analizados por los camaristas para sostener que existen una serie de riesgos procesales concretos de conceder la libertad a Fernández, se encuentra que los delitos precedentes (al de lavado de dinero) que se le endilgan están vinculados a presuntos hechos de corrupción en perjuicio de la administración y también en su carácter de funcionario público, por los que ya fue elevado a juicio por la justicia ordinaria. Además, también consideraron que Fernández ya estuvo prófugo de la justicia al inicio de la investigación por lo que no se puede descartar que vuelva a incurrir en esa actitud.
A eso se suma la complejidad de las operatorias que involucran las maniobras de lavado de dinero y que podría contar con recursos económicos por fuera del sistema financiero como para evitar el accionar de la justicia así como también la posible pena que le pudiera corresponder en caso de ser condenado por los delitos que se le imputan.
A juicio en menos de seis meses
En otro de los puntos destacados, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia instó a la jueza federal Zunilda Niremperger a darle mayor celeridad a la investigación para clausurar la etapa de instrucción y elevarla a juicio “en un plazo no mayor de seis meses”. En caso contrario, establecen que deberá informarse a ese tribunal para reexaminar el mantenimiento de la cautelar dispuesta, teniendo en cuenta que el detenido apenas superó el año de detención sin condena cuyo límite legal son los dos años.
Otra vez a Casación
Una semana después, más precisamente el 30 de agosto último, el mismo tribunal compuesto por el juez Iglesias y los conjueces Aranda y Carbajal, hizo lugar al recurso de casación respecto de la confirmación de la prisión preventiva para Ismael Fernández.
Fuente diario primera linea
