En las próximas dos semanas, la comisión Bicameral Investigadora sobre la «Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del ARA San Juan» presentará su informe final. Infobae tuvo acceso exclusivo al trabajo sobre el cual los diputados, senadores y técnicos terminarán de pulir las conclusiones. De manera unánime, los parlamentarios concluyeron en que la primera línea de responsabilidad estuvo en la cadena de mando de la Armada a quienes le adjudican una «responsabilidad directa con la tragedia».
También coinciden en que si bien el buque «no estaba en perfectas condiciones» y que tenía «carencias», esas «deficiencias» y «problemas» no habrían estado directamente relacionados con el siniestro que le consto la vida a los 44 tripulantes, o que al menos eso no se llegó a probar.
Los legisladores dejan afuera de toda responsabilidad al presidente Mauricio Macri – comandante en jefe de las fuerza Armadas, como intentó hacer la oposición- y aún discuten la responsabilidad política objetiva del ministro de Defensa, Oscar Aguad.
Sobre el rol que jugó el almirante Marcelo Srur, entonces jefe de la Armada, aún no hay coincidencias, aunque califican de «inaceptables» algunas de sus decisiones y conductas.
En los últimos meses los integrantes de la comisión y su cuerpo de especialistas realizaron una serie de «conclaves» donde analizaron todos los testimonios y la extensa documentación reunida durante más del año de pesquisa. Después de esos análisis, aseguran que no les quedaría ninguna duda sobre la identificación de cuáles serían las causas del hundimiento, sus responsables directos y las recomendaciones necesarias para evitar su repetición.
Según esas conclusiones, los especialistas no habría encontrado responsabilidad en los tripulantes del submarino ni fallas técnicas preexistentes en la nave que guardaran relación directa con el siniestro; en cambio, los hallazgos se repartirían en acciones y omisiones de la cadena de mando de la Armada a partir del Comando de la Fuerza de Submarinos hasta el Jefe de Estado Mayor General de la Armada, quienes «por su deficiente desempeño, lejos de solucionar una situación crítica informada por sus subalternos, la empeoraron hasta provocar la pérdida de la nave y de toda su dotación», se lee en el informe preliminar.
También se sostiene que se «habrían identificado dentro de la cadena de mando de la Armada los responsables directos que habrían incurrido en serios incumplimientos en sus deberes como oficiales superiores por lo cual habrían dejado a la tripulación del submarino ARA San Juan con el mínimo de posibilidades de sortear una situación gravísima de incendio eléctrico en sus baterías durante un mar embravecido reportado la noche del 14 de noviembre de 2017».
Los fundamentos técnicos del informe serían tan contundentes que habrían echado por tierra los vanos intentos de quienes intentaron disimular la gravedad de un incendio eléctrico en el cuarto de baterías llamándolo «principio de incendio» como si solo importara el volumen del fuego y no el lugar donde sucede, entre otros puntos relevantes.
LAS RESPONSABILIDADES
Una salvedad no menor. Los parlamentarios hablan de «responsabilidad» y no de «culpabilidad», ya que esto último solo puede ser determinado por la Justicia, así como las penas que les cabria.
Hasta el momento. el expediente judicial que instruye la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, no tiene imputados. Todos los que declararon lo hicieron en calidad de testigos, entre ellos el exjefe de la Marina, Srur y el ministro Aguad.
Si bien aún los integrantes de la Bicameral siguen debatiendo sobre el «grado de responsabilidad» de los mandos de la Armada, los principales señalamientos recaen sobre la plana mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), por entonces a cargo del capitán de navío Claudio Villamide, o sea el jefe directo de Juan Pedro Martín Fernández, el comandante del ARA San Juan.
También se menciona en el informe preliminar al Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), que estaba a cargo del contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo. El COAA era el encargado de supervisar el mantenimiento y el buen funcionamiento del submarino y la capacidad operativa de la tripulación.
De todos modos, las consideraciones sobre López Mazzeo son menos contundentes que las que se realizan sobre Villamide.
Un punto saliente del informe preliminar es que deslinda de responsabilidad en la tragedia a los 44 tripulantes del submarino, tal como sugirió el ministro de Defensa. El punto de debate sobre la «responsabilidad política» de Aguad tiene varias aristas que se están tomando en cuenta.
Juró como ministro el 17 de julio de 2017, cuatro meses antes del hundimiento del submarino. Por eso, para algunos senadores y diputados –opositores- las responsabilidades políticas que le podrían caber a Aguad, también deberían recaer en su predecesor, el actual senador riojano Julio Martínez. Sobre esto aún no se llegó a un consenso.
En cuanto al Almirante Srur, el informe preliminar al que accedió este medio, arroja dos puntos de vista que no lo dejan bien parado, pero que tampoco –a visión de algunos senadores- lo ubica en la línea principal de responsabilidades, a pesar del mando que cumplía.
Ante la jueza Yañez y en la misma Bicameral, Srur sostuvo que si él hubiera sabido el estado en que estaba el ARA San Juan, no lo hubiera dejado zarpar, o sea que él, como jefe de la Armada, no conocía el estado de las naves. Para algunos investigadores, algo inaceptable, pero que en la práctica sucede.
Por otro lado, el informe destaca que cuando le avisaron sobre la falta de comunicación con el San Juan, el almirante estaba recibiendo una condecoración en Uruguay, y a la postre se determinaría que ese mismo 15 de noviembre el submarino ya estaba hundido a más de 900 metros de profundidad.
Sin embargo se destaca que Srur podría haber ordenado un «sumario imparcial» para determinar lo que realmente sucedió y hallar los responsables.
En este punto se recuerda que el ex jefe de la Armada solicitó un sumario sobre lo ocurrido y que incluía las condiciones en las que zarpó la nave. El resultado fue el desplazamiento de sus cargos de López Mazzeo y Villamide. Se los acusaba de «arriesgar la integridad física de sus subordinados, sin necesidad evidente, y por actuar con negligencia/imprudencia notoria y grave al no impedir que el Submarino ARA San Juan navegase con posterioridad a la severas anomalías detectadas –tanto en la inspección N°10/16 ‘S’; como en la previa navegación del SUSJ para ‘Control de Mar’ efectuada entre los días 1 y 19 de julio de 2017 (…)». Pero a mediados del año pasado, al jefe de estado mayor conjunto, teniente general Bari Sosa, terminó anulando ese dictamen ya que una auditoría sobre la manera en que fue realizado determinó que era «parcial». La decisión fue avalada por el ministro Aguad.
LAS DEFICIENCIAS DE LOS MANDOS
En el informe se deja en claro que el Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), a cargo de Villamide, «manejó de manera ineficiente la situación crítica de su unidad dependiente, de la cual tomara conocimiento por la comunicación satelital recibida en Mar del Plata el día 14 de noviembre a 23:42» y se señalan nueve puntos.
Entre ellos, que el «COFS debió repreguntar al ARA San Juan de qué modo el incendio eléctrico estaba ‘controlado’, «teniendo en cuenta que no dijo ‘extinguido’, que debido que estaba en superficie y con mal tiempo no había podido ingresar al tanque de baterías para revisar los daños; que a las 22:00 había dado la posición sin novedad por lo que en apenas 1 hora 42 minutos no era tiempo suficiente para detectarlo, combatirlo y extinguirlo máxime teniendo en cuenta el antecedente de un incendio similar en el año 1995 en el cual se necesitaron casi dos días para extinguirlo consumiendo prácticamente todos los matafuegos de la ciudad de Mar del Plata».
También opinan que fue incorrecto permitir la inmersión del submarino ya que «las situaciones de siniestro se deben controlar y resolver en superficie acorde lo establece el procedimiento de rol de siniestro».
Los diputados y senadores concluyen en que quedarán dudas sobre el origen del incendio y sobre el estado de la ya famosa válvula E-19, a través de la cual podría haber ingresado el agua de mar que habría generado el cortocircuito en las baterías de proa y este el incendio eléctrico; ya que no hay copia de las pruebas de 48 horas que se hizo antes que el submarino zarpara desde Ushuaia, ni de los cuadernos de reparaciones ya que ambos estaban a bordo.
En el informe preliminar se señala que, cuando fueron a declarar López Mazzeo y Villamide, los dos oficiales superiores se orientaron más a deslindar sus propias responsabilidades que en convertirse en valiosos aportes para los investigadores con el fin de determinar lo sucedido. También se destaca que desde aquel 15 de noviembre de 2017 ni la Armada, ni el Estado Mayor Conjunto, ni el Ministerio de Defensa, ni la Justicia Federal han entregado al momento un informe o dictamen con las causas del hundimiento y los nombres de sus responsables, tal como solicitaron.
Fuente: Infobae
