El Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que conduce Guillermo Monzón, se encuentra trabajando junto a las Municipalidad de Puerto Vilelas y el Instituto de Viviendas para regularizar la situación dominial de 110 familias de la localidad que habitan viviendas AIPO.
Entre los beneficiados se encuentran el barrio Independencia y 60 Viviendas, entre otros, los cuales fueron visitados por el equipo técnico del Registro Único de Beneficiarios del Hábitat (RUBH) en una primera aproximación del relevamiento social y técnico y que va a concluir con la entrega del título de propiedad a las familias.
«El objetivo fundamental es visitar los hogares que se encuentren con esta situación, para dar inicio a los trámites de escrituración de sus viviendas», explicó la directora del RUBH, Patricia Lator y afirmó que obtener el título de propiedad es de suma importancia para las familias, «se amplían sus derechos y se brinda una seguridad jurídica en la tenencia de la tierra», concluyó. Esto es posible gracias a un convenio de colaboración firmado entre las partes.
LEY 7005
Además, se articulan acciones entre el Municipio y la Unidad Ejecutora de la Ley 7005 de regularización de inmuebles urbanos privados, que depende del Ministerio de Desarrollo Urbano, contemplando así los lotes que no cuentan con ley de expropiación pero cumplen los requisitos de que el inmueble sea habitado como vivienda única, de forma pacífica, continua y de buena fe, desde tres años anteriores al 2009.
La Unidad Ejecutora de la Ley 7005 se encuentra interviniendo los barrios Molinos, Güemes y Lote 22, donde el área de regularización del municipio detectó hogares que podrían ser beneficiados por esta normativa. Por lo mismo, se estuvieron realizando charlas informativas y mesas de trabajo con los vecinos, donde se les informa cuáles son los beneficios y requisitos para ser beneficiarios. Allí, además, se recibe documentación que acredite al vecino como potencial beneficiario del régimen de regularización.
«Concebimos importante este proceso, porque esta política pública llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Urbano despliega una herramienta relevante y garante tendiente a la regularización dominial de inmuebles de vecinos que habitan dichos terrenos desde hace muchísimo tiempo y que por variadas circunstancias no lo han podido escriturar», comentó el coordinador de la Ley 7005, Gerardo Albarenga.
«Esta política pública permite consolidar un marco jurídico-administrativo legal de regularización dominial que promueve un desarrollo socialmente inclusivo y que resuelve irregularidades existentes en innumerables inmuebles urbanos», remarcó.
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