Desde hace años, en la provincia se viene llevando adelante un trabajo colectivo entre organismos del gobierno, los Poderes Judicial y Legislativo y las comunidades de los pueblos originarios, con el objetivo de lograr la organización del espacio denominado Reserva Grande.
El lugar, cuenta con 308.000 hectáreas, ubicado en El Impenetrable chaqueño. Se trata de una reivindicación del Estado provincial con dichas etnias. La Reserva Grande localiza sus 308.000 hectáreas al norte de la provincia, en El Impenetrable, mayoritariamente en el departamento Güemes, abarcando también una pequeña parte del Almirante Brown.
Como superficie representa aproximadamente el tres por ciento del territorio chaqueño y el título de propiedad colectiva más grande del territorio.
La Reserva Indígena del Impenetrable fue creada por resolución Nº 1576/86 del Instituto de Colonización y los decretos Nº 480/91 y 1732/96, en cumplimiento de la reforma constitucional de 1994, establecida en el artículo 37 y la cláusula transitoria quinta, que se refieren al derecho de los pueblos indígenas a la tierra y a la obligación del Estado de entregar y titularizar las reservas, reconociendo de esta manera la prexistencia étnica aclamada por el Convenio 169 de la OIT.
En este marco, se firmó un convenio entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el gobierno de la provincia del Chaco y el Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach) para realizar el proceso de mensura aprobado por la Dirección de Catastro.
Luego de un largo y minucioso proceso consultivo iniciado en 2015, conforme los lineamientos sugeridos por el Banco Mundial que incluyó numerosas reuniones y convocatorias ampliadas, públicas, informadas y de buena fe, se logró acordar que se entregarían esas tierras en partes iguales a las tres etnias originarias de la provincia: qom, wichí y moqoit y en pacífica convivencia con los criollos que ya se encontraban viviendo en esa extensión de tierras.
La decisión de no reubicar a los criollos se presentó como una alternativa pacífica y conveniente para la totalidad de actores involucrados, superando experiencias anteriores similares que resultaron negativas (fue el caso de la asociación comunitaria).
En ese momento, para efectuar la consulta pública, se conformó una nueva Unidad Ejecutora Provincial, integrada por el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto de Colonización, la Asesoría General de Gobierno y el Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach), tomándose los recaudos necesarios para que el proceso sea inclusivo y transparente: se publicitaron las acciones en los medios de comunicación y se incluyeron en las reuniones a traductores de los tres idiomas, escribanos públicos y el defensor del Pueblo.
De la consulta surgió el acuerdo de cantidad de hectáreas que le correspondería a cada etnia y las condiciones de entrega de los títulos. Así, en diciembre de 2016, el gobernador Domingo Peppo entregó las escrituras a los pueblos wichí, qom y moqoit para tomar posesión del espacio, lo que representó una etapa previa y necesaria para profundizar acciones en pos del desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las comunidades.
Reparación histórica
Las tierras fueron adjudicadas como reparación histórica, en forma gratuita, exentas de todo gravamen. Con la particularidad de ser inembargables, imprescriptibles, indivisibles e intransferibles a terceros.
Cumpliendo el Estado Provincial con la sentencia recaída en el proceso de amparo iniciado por el Instituto del Aborigen Chaqueño ante los tribunales provinciales.
En la actualidad el proceso se encuentra bajo el monitoreo permanente del titular del Juzgado de Primera Instancia de la Sexta Nominación, doctor Jorge Sinkovich, teniendo el Estado la obligación de informar periódicamente los avances que se desarrollan en torno a la causa y que guardan relación directa con el proceso, trabajando en permanente interacción con las autoridades del Instituto del Aborigen Chaqueño.
“Si bien es cierto que el proceso tal y como se fue resolviendo significó un avance calificado para el presente y futuro de las comunidades, no es menos cierto que nos encontramos ante una etapa en la que se debe orientar su desarrollo, ya no desde una fase intervencionista, sino desde una perspectiva de garantía, siendo que el Estado asume el rol de acompañar los procesos de cambios, que las comunidades decidirán sobre una propiedad comunitaria privada, facilitando en este caso el desarrollo de las mismas”, aseguró en un escrito acercado a NORTE Leonardo Sabatinelli, integrante de la asesoría general del gobierno provincial.
Así agregó: “No podemos dejar de destacar los permanentes y lamentables planteos obstaculizadores de algunos sectores que amparados en intereses particulares buscan confundir la voluntad colectiva de las comunidades, acciones que sólo se pueden contrarrestar con la visión superadora de los actores intervinientes. Esto es Idach, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, quienes priorizan el interés general por sobre el particular”.
Intimación judicial
En la actualidad, el juez natural del litigio intimó al Estado Provincial, como así también al Idach, a que den una manifestación conjunta respecto al proceso de consulta llevado a cabo. Asimismo, una actualización de las asistencias que el Estado Provincial pudo desarrollar en la zona.
“Mi intervención en el proceso es de carácter eminentemente técnico, sin perjuicio de que involucrarme en el territorio me permitió ver la realidad de las comunidades. Desde ese lugar puedo manifestar -sin temor a equivocarme- que el desarrollo de la zona solo vendrá y será realidad a partir del empoderamiento de las comunidades”, aclara Sabatinelli.
Es que, según sus dichos, “esta visión que el gobernador supo interpretar es la que permitió la titularización a favor de las comunidades y a su vez es la que permite el permanente diálogo entre las comunidades y los representantes del Estado provincial”.
Creación de federaciones
Para continuar con el proceso de empoderamiento de las comunidades y la organización y desarrollo de la Reserva, se propuso crear las Federaciones que nuclearán a las asociaciones representantes de las tres etnias, las que a la vez se encargarían de la gestión y administración de proyectos y programas que allí se realicen.
La primera Federación creada -en diciembre de 2017- fue la wichí, que resultó de un trabajo colaborativo entre la comunidad, la Agencia Acerca y el gobierno de la provincia a través del Instituto de Tierras, el Ministerio de Justicia y Relación con la Comunidad y la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio.
La Federación de Asociaciones Comunitarias del Pueblo Wichí es la primera organización de su tipo en el Chaco y fue constituida como órgano administrador de las 100.000 hectáreas de la Reserva Grande destinadas a dicha comunidad.
Agrupa a unas 20 organizaciones comunitarias que representan unas 400 familias, y tiene como principal propósito abocar los esfuerzos en la región a la superación social, económica y cultural de sus asociados, revalorizando la cultura de la etnia wichí, planificando y encausando proyectos de desarrollo comunitario para fomentar la producción de bienes y servicios.
Fuente diario norte
