Por estas horas uno de los escenarios de la pulseada mediática y judicial se volcarán al Tribunal de Alzada de fuero federal. En él deberá resolverse por un lado la cuestión de la competencia a partir del inesperado viraje de la jueza federal en la investigación de los delitos precedentes, y el no menos sorpresivo apartamiento del juez Eduardo Aguilar cuya inhibición quedó en manos de la resolución de la Cámara. Ambos casos trascienden en mucho a las causas en sí. Se trata de precedentes que el Tribunal de Alzada fijará y serán de aplicación a otras causas.
En la mañana de hoy el fiscal Patricio Sabadini apelará la decisión de la jueza Zunilda Niremperger que decidió un cambio de postura en relación a la investigación de los delitos precedentes en la causa Lavado I. El Ministerio Público anticipó ayer en la cuenta de Facebook del funcionario que no está de acuerdo con la decisión de la jueza y obligará a que la Cámara Federal fije un criterio en la nueva controversia que separa al fiscal de la jueza.
La resolución de Zunilda de declinar la competencia abrió un abanico de conjeturas, tanto más cuando se relacionó el cambio de actitud a ciertos acuerdos realizados con la Justicia provincial los cuales en modo alguno invalidan los criterios establecidos para determinar la competencia.
En una causa se es o no se es competente. Los argumentos utilizados ahora por la jueza son rebatibles en cuanto a que el mayor progreso de la investigación, y la disposición a brindar apoyo y pruebas a la investigación federal no parecen suficientes para soslayar la aplicación de las normas procesales que determinan la atribución de la competencia.
El planteo que hoy concretará el fiscal obligará al Tribunal de Alzada a dirimir las posiciones contrapuestas, y de hecho adquieren una singular importancia en cuanto no se resolverá exclusivamente el caso en cuestión, sino que la Cámara Federal establecerá un precedente de carácter interpretativo que podría servir para otras causas.
En el marco del derecho el cambio de postura de la magistrada parece en principio reprochable, y en este contexto la apelación del Ministerio Público Fiscal apuntaría a reencauzar la investigación como un todo en el que se concentre la investigación en el fuero que entiende corresponder y que, de prosperar su criterio, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la encargada de dirimir la competencia.
Los que conocen el panorama no dejan de tener en cuenta que el celo del fiscal federal pasa por la posibilidad de que la defensa de los imputados apelen a la figura del arrepentido, que desde hace tiempo es una de las posibilidades que se maneja desde la fiscalía.
Aún así lo fuerte en la decisión de la Cámara Federal será el criterio que establezca, que pasará a ser jurisprudencia de cumplimiento obligatorio para los jueces que dependan al Tribunal.
La Voz del Chaco
