Falsificación de viáticos, conflictos de intereses en contratos de consultoría, fraude con licencias médicas, retención de peajes y retiro de bienes del Estado para uso personal. Esas son algunas de las irregularidades que detectó Vialidad Nacional en las entrañas del propio organismo.
Vialidad, dependiente del Ministerio de Transporte , buscó generar sus propios anticuerpos bajo la premisa de que menos corrupción es igual a más ahorro público. Así, abrió espacios para que los propios empleados denuncien cualquier maniobra opaca que detecten. El organismo tiene una Unidad de Auditoría Interna y una Unidad de Ética y Transparencia, una «oficina móvil» articulada con la Oficina Anticorrupción en esa dependencia.
Según datos a los que accedió la nacion, desde el año pasado Vialidad radicó 11 denuncias penales por presuntos delitos de corrupción a partir de este tipo de alertas internas, que actualmente son investigadas por los jueces de Comodoro Py. Algunas son por hechos ocurridos durante el kirchnerismo, que fueron detectados a posteriori. Otras, por incidentes ocurridos durante esta misma gestión.
Una de las denuncias apunta a la falsificación de viáticos en la subgerencia de Puentes y Viaductos de la Casa Central de Vialidad. La maniobra fue presuntamente orquestada por los rangos superiores de la dependencia: falsificaban los documentos de cobro de viáticos y reintegro de gastos que estaban a nombre de empleados de menor rango para quedarse con esas diferencias de dinero. «Había una adulteración sistemática de las planilla de rendimientos», señala la información oficial. La causa recayó en el juzgado de Claudio Bonadio.
Otra de las irregularidades estuvo vinculada a contratos de consultoría para la elaboración de proyectos de obra. Se constató la existencia de un conflicto de intereses por parte de un subgerente (cuyo nombre no quiso ser difundido por Vialidad): al tiempo que integraba la comisión evaluadora que elegía a la empresa ganadora del contrato, el funcionario tenía vínculos con la firma adjudicada.
Para Vialidad las licitaciones fueron confeccionadas a medida, y será el juez Rodolfo Canicoba Corral quien deba investigar los hechos.
Algunas denuncias fueron por circunstancias ocurridas durante la gestión de Cambiemos. Se constató, por caso, que en el Distrito N° 1 de Vialidad (provincia de Buenos Aires) los responsables del área de Depósito retiraban bienes (maquinarias o autos) de la dependencia para su uso personal, hechos que quedarán bajo pesquisa del juez Daniel Rafecas. «Se detectó una falsificación de los registros para asentar cantidades menores de bienes o la falta de ingreso absoluto al depósito», señaló el escrito oficial, al tiempo que se describió que los agentes «intimidaban» a quien presentara oposición.
Bonadio también deberá investigar la falsificación de firma en certificados de obra: se adulteró la rúbrica de un inspector en la pavimentación de la ruta nacional 8. Un caso curioso lo constituye una denuncia por el fraude en una licencia médica: una agente solicitó 22 meses de receso por un supuesto cuadro de ansiedad. Se detectó que la joven, durante ese período, trabajó como modelo y actriz en Europa. El caso será investigado por la jueza María Servini.
Las acciones judiciales desde Vialidad están siendo coordinadas por la Asesoría Legal Técnico Administrativa, a cargo de Martín Pourrain. «No solo denunciamos hechos de corrupción pasados, sino que también actuamos si descubrimos actividades sospechosas dentro de la actual gestión. Las licitaciones hoy generan más ofertas y una disminución en los costos de las obras», señaló a la nacion Javier Iguacel, titular de Vialidad.
La ruta nacional 3, que va desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, también quedó bajo sospecha. El kirchnerismo le había otorgado una licitación para la construcción de obras a la firma Petersen, Thiele y Cruz. Pero el convenio sufrió cuatro modificaciones y lo que era construcción pasó a ser un mero mantenimiento de la vía. «Las decisiones fueron tomadas por funcionarios que no tenían competencia para hacerlo», consignó el escrito oficial que recayó en el juzgado de Luis Rodríguez.
Otras de las denuncias están vinculadas a un caso de hostigamiento a un agente -que prefirió reservar su identidad-, irregularidades en informes técnicos de terrenos, el transporte de animales faenados en vehículos oficiales y un caso de fraude contra la administración pública en Tierra del Fuego.
Por fuera de las denuncias penales, hubo actuaciones disciplinarias en 90 casos y otras seis actas fueron remitidas a la OA para su intervención.
OBRA PÚBLICA Y CORRUPCIÓN
El organismo abrió una unidad de ética y transparencia para fomentar las denuncias y detectar irregularidades. Desde 2017, activó 11 denuncias penales por presuntos delitos de corrupción, que ya son investigados por la Justicia Federal
Entre las anomalías detectadas por la auditoría interna, se destacan la falsificación de viáticos, conflictos de interés en contratos de consultoría, fraude con licencias médicas, retención de peajes y el retiro de bienes del Estado para uso personal.
Fuente: La Nación.
