SÁENZ PEÑA (Agencia) – La megacausa mediante la que se investigan la conformación de una asociación ilícita organizada con la finalidad de cometer estafas inmobiliarias no solo en esta ciudad sino en una provincia vecina, puso al descubierto el accionar de un reducido grupo de abogados integrantes del staff de un estudio jurídico local y puso en jaque a un sector de la justicia civil alcanzando al juez Pedro Alejandro Juárez, hoy suspendido por el Consejo de la Magistratura en el marco de una investigación anterior, sobre quien pesa un pedido de investigación jurisdiccional solicitada por la fiscal Liliana Lupi quien lleva adelante el proceso en su etapa preliminar. Se habla de una cifra millonaria como producto de estas maniobras investigadas.
Tras varios meses de investigación, la fiscal Lupi puso al descubierto el accionar de un reducido grupo de abogados, integrantes de un estudio jurídico local, y otras personas que habrían participado en algún grado de las maniobras que mediante documentación irregular, domicilios de notificación inexistentes y otras buscaban apropiarse de inmuebles y otros bienes.
La investigación, no solo involucra a profesionales del derecho, sino además a otras personas, que también están imputadas con distintas figuras en el proceso. Hasta el momento, son más de una decena las causas que investiga la fiscal, con idéntico número de imputados, de los cuales los abogados Juan Manuel Michlig y Pablo García a quienes se les endilga distintas figuras, entre ellas la de estafa y asociación ilícita como las más duras permanecen detenidos. A estos en el cierre de la semana judicial la Cámara de Apelaciones les confirmó la prisión preventiva confirmando lo actuado en principio por la fiscal y ratificado por Garantías.
Los otros detenidos son otro profesional de la capital provincial que habría tenido participación en una de las causas, Alejandro La Regina y Germán Eduardo Correa a quien se le endilga los delitos de estafa, estafa procesal y asociación ilícita en carácter de organizador
La punta del ovillo fue la denuncia presentada por la ciudadana Gladys Núñez, quien denunció que mediante un boleto de compraventa apócrifo intentaron quedarse con su propiedad. El estado público que tomó esta denuncia, llevó a que luego se radicaran otras. Todas tenían un común denominador, fueron tramitadas en el Juzgado Civil y Comercial Nº 1, a cargo del juez Juárez.
Esto y la investigación de oficio de otras que llevó adelante la fiscal llevaron a poner en la mira al magistrado que según lo apuntado por la fiscal “dictaba sentencias con marcada orfandad probatoria”. Las irregularidades detectadas llevaron a la conductora de la investigación a solicitar una investigación jurisdiccional contra el magistrado por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafa y asociación ilícita en carácter de organizador. Esta cuestión aún está pendiente y seguramente luego del retorno del expediente tras la resolución de Apelaciones podrá avanzar.
Empleados presentaron declaración
Varios empleados del Juzgado Civil y Comercial Nº 1 ya prestaron declaración en el marco de la investigación las que resultaron muy gráficas para mostrar cómo se tramitaban los expedientes de este estudio y la preferencia que existían para los mismos.
En uno de esos testimonios, un empleado judicial recordó que en una oportunidad “he solicitado al juez una reunión con todo el personal debido a que el doctor García daba órdenes a las secretarias” y además respecto a las escrituraciones que “cuando venía el cartón de mesa de entrada informatizada, venía el doctor García y manifestaba que se provea rápido, porque el juez Juárez dijo eso”. Incluso de ese testimonio se desprende también que “en una oportunidad le pregunté al juez ¿Señor, quien es el juez, el doctor García o usted?”, puntualizó el testigo.
Por otra parte, los declarantes también hacen mención a que las sentencias salían en tiempo récord dejando claro que “en todos los casos (juicios de escrituración) las sentencias salían en tiempo récord” y ante la pregunta sobre si esta situación no llamaba la atención el testigo contestó “si, me llamaba la atención” agregando que en sus años de carrera judicial había visto que sucediera con otros abogados que la sentencia saliera “con la modalidad de boletos de compraventa sin certificación de firmas, es algo anormal”, dijo uno de los empleados declarantes.
En ese contexto otro de los testimonios refiere para ejemplificar aún más que al detectarse las irregularidades y la falta de cumplimiento de los pasos procesales se le hacía saber al juez pero el hacía caso omiso. “Al advertirse este tipo de irregularidades la doctora Trabalón le daba su criterio pero el que decidía era el (Juárez), específicamente en las causas que intervenía el estudio Michlig” agregando que “la doctora daba su criterio sobre la necesidad de cumplimentar ciertos requisitos pero el juez consideraba que no” dijo la testigo.
Relación especial
“García cuando llegaba a veces se anunciaba y en otras entraba directamente e iba al despacho del juez”, reza en uno de sus párrafos una de las declaraciones prestadas, lo que dejaría demostrado un trato preferencial que no existía con otros profesionales. “Con otros abogados el trato era otro, me ordenaba que los haga esperar o decirles que estaba ocupado”, sostuvo una de las declarantes.
“Era preferencial el trato con García, si ben atendía a otros abogados también, lo mismo ocurría al momento de pedir cosas, a el le facilitaba y cuando otros pedían les decía que presenten escritos” al tiempo que remarcó “ese trato preferencial se observaba por ejemplo cuando pedían algún expediente y se les facilitaba sin que existiera el pedido correspondiente y la debida providencia”, refirió la testigo.
Si bien oficialmente no se estimaron cifras del perjuicio que ocasionaron estas maniobras, se calcula una cifra millonaria como el producto de las mismas.
