Las estadísticas del Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación muestran que hubo 229 femicidios entre el 1 de enero y el 31 de octubre: un femicidio cada 32 horas. Del total de asesinatos, 44 fueron de niñas y adolescentes. Es decir que en el país cada semana es asesinada una chica que no cumplió ni 18 años. Algunas de ellas también fueron violadas.

Tres de cada cuatro femicidios fueron cometidos por parejas, ex, amantes, novios. Siete de cada diez tuvieron como escenario la vivienda compartida o fueron en la casa de las víctimas o los asesinos. La mayoría fue con evidente saña y odio: apuñaladas, estranguladas, golpeadas, ahorcadas, asfixiadas, degolladas, descuartizadas, quemadas, torturadas, tiradas al vacío, envenenadas. Por los asesinatos de estas mujeres, 122 hijas e hijos quedaron sin madre.

Al menos 42 de las víctimas (una de cada cinco) habían hecho denuncias de violencia. El Estado no respondió. «Hay fallas por parte de las instituciones involucradas en receptar y contener a las víctimas de violencia cuando realizan las denuncias, al igual que en las policías y los operadores del sector judicial. Se han presentado casos en los que el femicida había sido detenido por causas vinculadas a violencia de género y al ser liberado por la Justicia asesinó a la mujer«, dice a Clarín Juan José Böckel, subsecretario General a cargo de la Defensoría.

Las cifras del Observatorio del Defensor del Pueblo son tan elevadas como las que manejan dos organizaciones no gubernamentales. No son idénticas porque se basan en informes periodísticos. Desde el Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro llevan contabilizados 251 femicidios entre el 1 de enero y el 20 de noviembre. Y que 282 hijas e hijos se quedaron sin madre. Esta asociación civil hace once años que releva femicidios. Ya sumaron 3.000 muertes.

Según el registro Nacional de Femicidios del Observatorio Ahora que sí nos ven hubo 290 femicidios en lo que va del año. El 20 por ciento de las víctimas había hecho denuncias previas que no tuvieron respuesta. Más de 200 chicos que se quedaron sin su mamá. Todos los observatorios dan cuenta de lo mismo: la mayoría de los asesinos son las parejas que matan a sus víctimas en sus propios hogares y de las maneras más brutales.

El femicidio es la consecuencia extrema de otras violencias previas: físicas, psicológicas, económicas, simbólicas. Esas violencias pueden (deben) ser denunciadas y el Estado debe actuar en consecuencia.

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo un informe especial sobre violencia en relaciones de pareja, con datos del primer semestre de 2019: participaron en 3.604 casos. La mayoría (62%), mujeres de entre 22 y 39 años. El 64% denunció a su ex pareja por agresiones, a convivientes (19%), cónyuges (14 %) y novios (3%). El 78% tenían hijos.

Las denuncias son por violencia psicológica (99 %), simbólica (82 %), física (63%), económica (41 %), sexual (12 %). El 41% vinculó celos de su agresor a la violencia. El informe advierte que 1.163 mujeres recibieron amenazas de muerte: 900 tenían hijos. El 57% de los agresores tenía antecedentes de violencia contra otras parejas. Más de mil de estas mujeres fueron atendidas en el servicio médico al hacer las denuncias: el 90% tenía lesiones, la mayoría en la cara. Siete de cada diez de ellas denunciaron que la violencia era diaria.

«De los 25 países con mayor tasa de femicidios en todo el mundo, 14 son de América Latina, y uno de ellos es Argentina. Cada día hay 12 femicidios en la región -dice a Clarín la Directora Regional de ONU Mujeres, María Noel Vaeza-. Tenemos que terminar con esta sociedad patriarcal que considera a las mujeres como objetos. Tiene que quedar claro el concepto de igualdad, es una noción básica de derechos humanos. Es un tema social, hemos avanzado bastante pero falta, por eso es importante que hablemos de todo esto en estos 16 días de activismo».

Los 16 Días de activismo contra la violencia de género es una campaña internacional que empieza el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y sigue hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

«Hubo avances. Hay unidades especializadas en violencia de género en todas las provincias. Hay más calificaciones de homicidios como femicidios. Este año hubo condenas emblemáticas en casos de abusos. De todas maneras falta mucho por hacer. Faltan políticas de Estado y que haya perspectiva de género en todos los ministerios. Hay muchas cuentas pendientes. Estamos lejos todavía de los estándares ideales», explica a Clarín Mariela Labozzetta, al frente de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

«Hubo avances pero hay muchos obstáculos. Entre los avances marcaría la reconceptualización de la violencia de género, entendida ya no como un asunto privado en el que el Estado no tiene que intervenir, sino que se ve como un tema de derechos humanos. Se desnaturalizaron situaciones de violencia, se visibilizaron prácticas que ahora aparecen como reprochables, y esto es gracias a los movimientos de mujeres, jóvenes, derechos humanos. El Estado tomó nota del clima social pero aún no llega a estar a la altura de las circunstancias», dice a Clarín Raquel Asensio, coordinadora de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación.

«Es casi nulo lo que se hace para que las mujeres puedan salir de situaciones de violencia. Se les debe ofrecer una salida real, y para que ello ocurra hay que invertir en políticas públicas. Las mujeres deben poder prescindir de la dependencia económica de los agresores, tener viviendas que no sean sólo temporales o refugios que tienen que abandonar dando un salto al vacío -asegura Asensio-. Tienen que ser políticas serias. Darles capacitación, formación para que puedan reemprender un plan de vida».

La especialista se muestra particularmente preocupada por una «tendencia» de muchos juzgados de familia a dictar medidas de protección recíprocas (cuando una mujer denuncia violencia, desde el juzgado también prohíben a ellas acercarse a sus agresores): «Es una forma de invisibilizar la violencia de género, las muestran a las mujeres como violentas o como si la violencia fuera recíproca. Es una práctica que resta y deslegitima la voz de las mujeres. Da la sensación de que los operadores del sistema judicial no se toman en serio la posible situación de riesgo, y sólo reaccionan ante la gravedad de los hechos consumados, pero el desafío es prevenir esos hechos graves y poder anticipar las situaciones. Es algo que el Estado no puede dejar pasar, se deben mejorar los mecanismos de la prevención de la violencia».

Micaela García tenía 21 años, estudiaba Educación Física, militaba en el Movimiento Evita y vivía con su familia en Gualeguay. El 1 de abril de 2017 fue a bailar. Cuando volvía a su casa dos hombres la subieron de prepo a un auto. La violaron, la degollaron, la tiraron junto a una ruta, entre los pastizales. Uno de sus asesinos debía haber estado preso por haber violado a dos chicas, pero un juez le había otorgado la libertad condiciona. Si ese juez hubiera actuado distinto Micaela estaría viva, Por eso una ley lleva su nombre. La Ley Micaela obliga a las y los trabajadores de los tres poderes del Estado a capacitarse con perspectiva de género.

Sabrina Díaz Virzi:

El 86% de más de mil mujeres dijo haber sufrido algún tipo de violencia en el ámbito laboral durante el último año, según una encuesta de Bumeran realizada on line en exclusiva para Entremujeres Clarín, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre). Acosos, amenazas y humillaciones se acumulan en la enorme mayoría de las experiencias vividas, mientras un 11% dijo haber vivido violencia sexual y un 5%, violencia física. Mientras los jefes aparecen como los principales perpetradores de la violencia, el miedo adquiere un protagonismo central: más de la mitad de las víctimas dijo no haber denunciado el hecho violento por miedo a perder el trabajo. En el relevamiento, además, las mujeres que sí expusieron el hecho de violencia (ya sea en recursos humanos, con sus compañeros o, incluso, con la persona que ejerció violencia) dijeron que ese relato tuvo consecuencias negativas: a más de la mitad la echaron del trabajo.

Estos datos tienen coincidencia con el último Informe Estadístico sobre Violencia Laboral (OAVL, primer semestre, 2019), el 63% de los casos son mujeres que denuncian situaciones de violencia o acoso en el lugar de trabajo. En su mayoría, el tipo de violencia que manifiestan es de tipo psicológica (85%), seguidos por la sexual (9%) y la física (6%) y por lo general los casos son producidos por un acosador varón.

En términos de desigualdades, el 36% de las mujeres encuestadas aseguró experimentar en su trabajo desigualdad económica (brecha salarial de género, desigualdad salarial ante igual tarea, entre otros) y el 25%, violencia simbólica (estereotipos que reproducen desigualdad o discriminación). Además, un alto porcentaje de hombres e identidades no binarias mencionan, también, haber sufrido principalmente violencia psicológica. En todos los casos, el jefe directo y su superior son los más mencionados en relación al perpetrador de la violencia.

Casi 9 de cada 10 mujeres encuestadas sufrieron violencia en el trabajo. Foto: Shutterstock.

El accionar violento aún silencia a las mujeres

El 44% de las mujeres violentadas dijeron que hicieron algún tipo de acción luego de la situación violenta: casi cuatro de cada diez hablaron con la persona que ejerció violencia, tres de cada diez lo comentaron con su entorno de compañeros y otras tres de cada diez hicieron la denuncia en el departamento de recursos humanos de su empresa. Finalmente, un 3% hizo la denuncia en la policía.

Resulta preocupante que más de la mitad de las que se animaron y decidieron exponer el hecho violento cuentan que hubo consecuencias negativas a partir de su accionar: al 56% de ellas la echaron, al 34% la aislaron laboralmente y al 10% amenazaron con despedirla. Además, el 33% de las que compartieron lo vivido dijo que no hubo consecuencias (ni positivas ni negativas) y, finalmente, la menor proporción fue para las resoluciones positivas, con un 13% (apoyo de los compañeros, ámbito de mayor compañerismo y tratar el tema internamente a modo preventivo, se repartieron uniformemente las respuestas).

Lamentablemente, esta oscura realidad en la que mayormente se describe algún tipo de «castigo» por hablar reafirma el temor de aquellas otras mujeres que decidieron callarse y no hacer nada frente a la situación violenta, que son la mayoría: casi seis de cada diez mujeres (56%) que sufrieron algún tipo de violencia no hicieron ningún tipo de acción o denuncia, principalmente, por miedo a perder el trabajo (63%), a sufrir otro tipo de represalias (28%), a que no le creyeran (6%) y por temor al qué dirán (3%).

«Consideramos importante visibilizar y trabajar la problemática de género desde nuestras encuestas a usuarios y a partir de la difusión de informes. Los resultados demuestran que, a pesar de la lucha por eliminar las desigualdades de género, aún queda un gran camino por recorrer en esta tarea», afirma Lucía Benavente, responsable editorial de Bumeran.

Quebrar la lógica machista

Celebramos el empoderamiento femenino y el cambio de las lógicas machistas y patriarcales que sumían a las mujeres a la invisibilidad y a la sumisión y, con ello, que las temáticas y problemáticas de género hayan adquirido mayor visibilidad, pisando fuerte en las calles y marchas masivas, en las mochilas de las jóvenes, en la ampliación del vocabulario y el cuestionamiento del lenguaje, en los vínculos sororos que contagian fuerza. Pero, a la hora de la experiencia concreta en los trabajos, y más en un contexto de crisis, ¿se perciben cambios frente a estas situaciones? El 65% de todas las mujeres encuestadas asegura que no notó diferencias en el último tiempo y el 84% dijo que en su trabajo no se aborda esta temática. Los números son similares entre los hombres y las identidades no binarias.

Aunque representan una minoría, entre los encuestados que sí mencionan un abordaje de género en sus empresas, se destacan las alternativas de comunicación para hacer denuncias, las políticas y protocolos de actuación.

Las grandes empresas y corporaciones empiezan a contar con protocolos, y las especialistas coinciden en que la incorporación de este tipo de procedimientos formales y claros colabora a quebrar la lógica del silencio, que perjudica y aísla a la víctima. Cintia González Oviedo, psicóloga experta en diversidad y directora de la consultora Bridge The Gap, dice a Entremujeres Clarín que, «sin un marco institucional desde la empresa u organización, es muy difícil ‘ir contra el sistema’. La oficina de recursos humanos debe tener una persona responsable para recibir estas denuncias, de manera anónima, y los procedimientos deben estar documentados y protocolizados».

«Esa es la gran trampa: la mujer no denuncia las situaciones de violencia en las familias porque tiene miedo de perder su situación familiar y, en el trabajo, se tiene miedo a perder el empleo», dice la abogada Cecilia Garau, directora de Protección e Igualdad Laboral, del Ministerio de Producción y Trabajo.

Cómo evitar la violencia de género en las organizaciones. Gentileza Grow.

«Cuando la persona decide manifestar lo que padece se encuentra con factores inhibitorios tanto internos (emocionales) como externos (institucionales). Por eso, es importante comprender que, para quien está atravesando una situación de violencia, el develamiento es el último recurso, porque significa exponer su experiencia ante la organización», explica a Entremujeres Clarín la psicóloga Natalia López, especialista en violencia de la consultora Grow. «Las personas dudan de ellas mismas, de su trabajo, creen que algo han hecho, se sienten responsables. Cuando finalmente hablan, es porque todas las estrategias previas que implementaron para que la violencia cesara no funcionaron. Y, en ese momento de vulnerabilidad, la institución y el grupo de trabajo duda de su credibilidad, las estigmatiza, se la victimiza, se la re-victimiza. Pasan a ser ‘quilomberas’, se considera que algo quieren obtener. Y lo único que busca una persona que está en situación de maltrato laboral es ejercer su tarea en un espacio libre de violencia», expone López.

El panorama actual

Además de llamar a la línea 144, se puede realizar una consulta en la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL), a nivel nacional, y en las que se abrieron en varias jurisdicciones (como la que se abrió en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado). «Las actuaciones de las oficinas son muy profesionales y hay muy buenas resoluciones, porque se aborda con equipos interdisciplinarios, sin embargo, la atención de los casos es a nivel formal -con personas trabajadoras inscriptas-«, opina Garau.

Existe normativa sobre el tema y, específicamente, se describe la violencia laboral contra las mujeres en el artículo 6 de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (2009). Pero falta una aplicación más efectiva de esta norma.

En junio de 2019, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó un convenio (190) y una recomendación sobre violencia y acoso laboral con perspectiva de género. Considera que el acoso y la violencia atentan contra los derechos humanos, y constituyen una amenaza para la igualdad de oportunidades, que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Argentina inició su proceso de ratificación, y ya hay proyectos de ley en el Congreso. «Prevé que los estados miembros sancionen un marco legal adecuado en el que se prohíba la violencia, políticas públicas específicas para prevención y atención, y políticas en el lugar de trabajo (por ejemplo, protocolos internos en las organizaciones) y la generación de un entorno de ‘tolerancia cero’ frente a la violencia y el acoso. También amplía el ámbito de aplicación personal, a todos los sectores, formales o informales, en todos los ámbitos, también pasantes y postulantes. Incluye reconocer los efectos de la violencia doméstica en el trabajo. Presenta grandes desafíos y tareas para todos los actores del mundo del trabajo, y el desafío mayor que es que sea efectivo y se aplique», detalla Garau.

«Muchas mujeres deciden no revelar una situación de violencia por miedo a perder su fuente de ingresos. Por lo que estas medidas podrían evitar muchos casos de revictimización de quienes están atravesando una situación de violencia de género en el ámbito laboral y, así, fortalecer la autonomía económica de las mujeres», dice la abogada Kathrin Ecke, investigadora de Grow.

Micromachismos y otras desigualdades

Llamar al delivery, preparar el café o tomar notas en una reunión o comprar el regalo de cumpleaños de un compañero son lo que se llaman «tareas domésticas», están fuera del foco de la atención y aquellos que las realicen no recibirán felicitaciones ni obtendrán un ascenso. Sí, estas tareas suelen recaer, mayormente, en mujeres. Estas tareas, «feminizadas», son solo algunos de los micromachismos que empiezan a reconocerse, tras correr un velo cultural (patriarcal y machista) que ocultaba la desigualdad, y las ubicaba en el rol de secretarias, y a los hombres, en roles de jefe o coordinadores de reuniones. Desde hace unos años, estos comportamientos empezaron a tener nombre propio, dando origen a nuevas palabras -muchas aún son términos en inglés- que permiten identificar actitudes que antes no podían ni siquiera nombrarse y, por lo tanto, cuestionar.

En la encuesta que hizo Bumeran, 644 encuestadas mencionaron a las «womenial tasks» -dichas tareas administrativas o serviciales- como uno de los micromachismos más habituales en sus empresas, seguidas por el «hystereotyping» -estereotipos para negar pensar en una mujer como líder, mencionado en 573 casos-, «bropropiation» -cuando un varón toma crédito por la idea de una mujer, por 464 casos-, «el-ja-vu» -cuando un jefe es reemplazado por otro varón, seguido por otro varón y así sucesivamente, por 499 casos-, o «mansplaining» -explicar algo a una mujer de forma condescendiente, cuando ella no lo preguntó, en 429 casos-.

Fuente: clarin

Autoridades del Ministerio de Gobierno se reunieron con el propósito de definir lineamientos para políticas de protección de víctimas de toda la provincia.

La ministra de Gobierno, Justicia y Relación con la Comunidad, Jessica Ayala, junto con la directora general de Defensa de la Democracia y el Ciudadano (DDC), Marcela Acquisgrana, se reunieron con el procurador general adjunto Miguel Fonteina y los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Héctor Valdivia y Daniela Soledad Meiriño. El objetivo del encuentro fue el de continuar con políticas de protección a las víctimas de violencia en toda la provincia.

En el encuentro se analizó la forma de entrega y funcionamiento de los botones antipánico y proseguir con las acciones en conjunto de todos los entes involucrados, para no solo contener a las víctimas de forma inmediata; sino también el abordaje de la prevención del hecho y someter a un tratamiento al victimario.

A su vez, la funcionaria explicó: “En el próximo encuentro analizaremos la puesta en funcionamiento de una nueva aplicación de botones de pánico y un convenio a través de la secretaria de transporte. Debido a que las víctimas que vienen desde el interior no poseen los medios para el traslado y de esta manera pueda contar con uno”.

Por su parte, Acquisgrana, indicó: “la reunión fue muy provechosa porque pudimos juntar poder judicial, ejecutivo, la policía del Chaco y una organización de asociación civil. Todos con un mismo objetivo que son las víctimas de violencia de género, también avanzamos en cuestiones técnicas y operativas”.

Aporte de la justicia

El procurador general,  Fonteina, destacó el encuentro al tratarse la temática de violencia de género que preocupa a toda la población del Chaco y la Argentina.

“Este tipo de trabajo en conjunto y articulado que no se ven en otras provincias; vamos a continuar realizando a través de tareas con el poder ejecutivo, poder judicial, el ministerio publico fiscal y las asociaciones civiles para abordar la temática para brindarle mayor seguridad a las víctimas” detalló.

Asimismo, el fiscal Cáceres Olivera aseguró que este tipo de trabajos es importante porque permite realizar un estudio para brindar mejor servicio y un acceso rápido de la justicia a las víctimas.

Finalmente, la agente del Ministerio Público, Daniela Meiriño indicó que este tipo de encuentro aporta a la investigación que realizan los profesionales sobre este tipo de flagelo. “Desde marzo hasta la fecha han ingresado en la fiscalía más de 250 denuncias. Estas acciones empoderan a las víctimas para poder visibilizar este problema y las ayuda a denunciar situaciones que ya padecían hace mucho” concluyó.

Decreto

A través del decreto 3188 de diciembre del año pasado, se aprobó un protocolo de implementación del botón antipánico. El ministerio de Gobierno tiene a su cargo el seguimiento  del dispositivo, entrecruzando datos con las oficinas comprendidas en la materia.

Para eso se contacta a la víctima, y se le consulta: si lo tuvo que activar, si está teniendo acompañamiento psicológico, si tiene asesoramiento, si la policía procedió rápido, si tiene algo que decirle a la fiscalía o al juzgado que le ordenó la entrega del botón. Con esa información se prepara un informe y se eleva al juzgado que dispone la medida de protección.

Fuente: diariosdelchaco.com