Luego de la reunión mantenida con el gobernador y parte de su gabinete, donde los funcionarios informaron que habían presentado un proyecto de ley para la actuación de las fuerzas policiales durante manifestaciones públicas, la Cámara solicitó reunirse con la Comisión Legislativa encargada de tratar dicho proyecto, presidida por el diputado Darío Bacileff Ivanoff.

Durante la reunión, el presidente de la Cámara Ernesto Scaglia y la Secretaría Verónica Dufva Nielsen, acompañados de socios de la Institución y otras entidades, insistieron en la necesidad de garantizar el libre tránsito y el derecho a trabajar, ya que las pérdidas que se vienen ocasionando afectan gravemente a los trabajadores pymes de la provincia, sumados a otros factores críticos del orden nacional.

Ante el planteo, los legisladores explicaron que trabajar en una ley nueva sería innecesario, ya que hace dos años y medio se encuentra vigente la Ley 2399-J (antes Ley 7710), una ley nacional que regula la temática de manera similar a lo que plantea la nueva iniciativa.

Luego de la respuesta obtenida, desde la Cámara convocaron a una reunión ampliada con representantes de los tres poderes a fin de que expresen su posición sobre la problemática y las medidas que tomarán al respecto, ya que lejos de resolverse a través de los recursos que posee el Estado, viene agravándose  en todo el tejido social y económico provincial.

El secretario gremial José Niz informó que el paro responde al «atropello a los derechos adquiridos por los  trabajadores de la Dirección de Juzgamiento de Actas De Infracciones De Tránsito”.

En este sentido, consideró como “práctica desleal, violencia institucional y represalias hacia los trabajadores” a la decisión del ministro de Seguridad Martín Nievas al desplazar a 75 trabajadores que desde 2011 trabajan en la Dirección de Juzgamiento de Actas de Infracciones de Tránsito, “como resultado de las manifestaciones vertidas por el Subsecretario de Políticas de Seguridad en Mesa Técnica llevada a cabo hoy, en la Subsecretaría de Trabajo”.

El Dirigente Sindical afirmó que «las medidas de acción directa, se resolvieron ante la intempestiva y arbitraria  decisión de transferir al personal civil que presta servicios desde el año 2011 en la Dirección de Juzgamiento  de Actas de Infracciones de Tránsito al Ministerio de Gobierno, para que el área funcione como una Unidad Policial, transgrediendo el principio de la buena fe, dado que se encontraba en curso un proceso de negociación para solucionar  el conflicto».

MESAS TÉCNICAS

Aseveró además que «el Ejecutivo viola  el ámbito de negociación abierto en Mesas Técnicas conforme Resolución homologada Nro.805/17, las que se desarrollan para dar  solución a las problemáticas sectoriales y no para quitar derechos adquiridos a los trabajadores.».

Relató el dirigente sindical, que UPCP concurrió a la Subsecretaría de Trabajo, con el objetivo de reunirse con el Ministro de Seguridad Martín Nievas y el Ministro de Hacienda y Finanzas Pública Cristian Ocampo, este último en carácter de interlocutor por el Poder Ejecutivo, pero “ninguna de las autoridades asistieron, transgrediendo el acuerdo  suscripto entre UPCP y el Ejecutivo Provincial”.

Sin dictado de instrumento legal, señalaron que en la Dirección de Juzgamiento “trabajará solamente personal policial y no tendrá intervención el personal civil, lo que significa, el desplazamiento y desfuncionalización que trabaja en la dependencia desde el 2011, con probada eficiencia e idoneidad, demostrado por el aumento de la recaudación”.

Expuso que “estas acciones constituyen represalias hacia lo trabajadores que reclamaron la adecuación de la Estructura Orgánica Funcional para que se respete la carrera administrativa, cese de la violencia laboral, y creación de un fondo estímulo propio para el sector”.

Estas acciones muestran que “los funcionarios abusan del poder, y dictan medidas arbitrarias funcionales a sus  intereses y no a los de los ciudadanos. Esta es una dependencia  que desde su creación, ha estado a cargo de personal incluido en el Escalafón General y hoy se lo descarta sin tener en cuenta que pusieron en funcionamiento una dependencia que realiza funciones de vital importancia en materia de juzgamiento de actas de infracción”.

“Representa un peligro para el Estado de Derecho que un  Ministro sin instrumento legal que lo avale, modifique derechos adquiridos sin fundamento alguno, sus condiciones laborales y de empleo de los trabajadores, desplazándolos de funciones para las que se encuentran capacitados y formados”, planteó.

MEDIDA DE FUERZA

La medida de fuerza , adoptada desde este lunes por el término de 72 horas, responde al reclamo por: Incumplimiento y violación del ámbito Institucional de negociación homologado por Resolución Nº 805/17 de la Dirección Provincial del Trabajo; Rechazo a la desfuncionalización y traslado del personal Civil de la Dirección de Juzgamiento de Actas de Infracciones de Tránsito comunicado por el Poder Ejecutivo en Mesa Técnica; Urgente dictado del Instrumento legal de transferencia de 75 agentes al Ministerio de Seguridad Publica que presten servicio en la Dirección de Juzgamiento Administrativo y notificación de las funciones que cumplen; Creación de Fondo por Función y Responsabilidad; Adecuación de la actual Estructura Orgánica de Esta Dirección en donde se contemple la carrera administrativa; Pago e inclusión en el refrigerio, conforme lo establece el Estatuto del Empleado Público; y Aumento de los montos que reciben los beneficiarios del Plan FOCO hasta tanto se regularice la situación de la precarización laboral.

Fuente Diario TAG