El nivel de pobreza en el área metropolintana del Chaco se disparó frente al 49,4% del mismo período del 2022. La indigencia se ubicó en el 18,8%.

La pobreza en el Gran Resistencia escaló al 60,3% en el primer semestre de este año, muy por encima de la media nacional, que fue del 40,1%, y se ubicó -una vez más- como el conglomerado urbano más pobre de todo el país, informó el Instituto Nacional de Estadísitca y Censos (INDEC).

Asimismo, el nivel de indigencia fue del 18,8%, según el informe oficial.

Vale recordar que el Indec informó que en el primer semestre del 2023, la pobreza en la Argentina subió al 40,1%, en tanto que la indigencia se ubicó en el 9,3%.

EVOLUCIÓN E INCIDENCIA

La pobreza en el Gran Resistencia se disparó 10,4 puntos porcentuales respecto del mismo período del año pasado, ya que en el primer semestre del 2022 había sido del 49,9%, mientras que aumentó 6,3 puntos porcentuales frente al 54% del segundo semestre del 2022.

A su vez, la indigencia subió 3,3 puntos porcentuales frente al 15% del mismo período del año pasado, en tanto que en comparación con el segundo semestre del 2022, aumentó 4,4 puntos porcentuales -había sido del 14,4%.

A su vez, la pobreza afectó a 254.613 personas del área metropolitana del Chaco, mientras que la indigencia alcanzó a 79.280 personas, sobre un total de 422.079 habitantes.

EL GRAN RESISTENCIA, EL CONGLOMERADO URBANO MÁS POBRE DEL PAÍS

Las mayores incidencias de la pobreza en personas se observaron en las regiones Noreste (NEA), 42,0%; y GBA, 41,4%. Las menores, por su parte, se registraron en las regiones Patagonia, 33,2%; y Pampeana, 36,8%.

En ese marco, el Gran Resistencia se ubicó como el centro urbano con mayor índice de pobreza de todo el país, seguido por Concordia, con el 58,3%; Gran San Luis, con el 47,3%; Partidos del Gran Buenos Aires, con el 47%, y Santiago del Estero-La Banda, con el 46,6%.

En tanto, entre las demás capitales del NEA, Corrientes se ubica en segundo lugar, con el 36,4%, seguida por Posadas, que tiene el 35,9%, y Formosa, con el 29,7%.

A 16 años del escándalo, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 solo condenó a Claudio Uberti a 4 años y 6 meses de prisión. El empresario venezolano había llegado al país en un avión de la ex ENARSA y quiso entrar con 800 mil dólares por el aeropuerto de Ezeiza.

La Justicia absolvió a los exfuncionarios kirchneristas, Julio De Vido, y Ricardo Echegaray, y condenó a cuatro años y seis meses de prisión a Claudio Uberti por «contrabando de divisas», en el juicio por el escándalo de Guido Antonini Wilson, a 16 años de que el empresario venezolano tratara de entrar a la Argentina por el aeropuerto de Ezeiza con una valija que llevaba 800 mil dólares, después de aterrizar de un vuelo.

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 condenó a los extitulares de Planificación Federal, Dirección General de Aduanas y Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), en el proceso que se desarrolló en la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py.

El debate empezó en marzo de este año, llevado a cabo por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y Luis Losada. Durante estos meses fueron juzgados De Vido; Echegaray y Claudio Uberti, además de funcionarios aduaneros. Vale recordar que Antonini Wilson, el principal acusado, no compareció en el juicio porque está prófugo de la Justicia argentina, está exiliado en Miami.

En la etapa de alegatos el fiscal Marcelo Agüero Vera dijo que el intento de ingresar dinero a la Argentina vino desde Venezuela «a pedido de Uberti» y «por orden y disposición de De Vido». Por eso, no pidió pena para Echegaray tras considerar que no había pruebas en su contra.

En cambio, el representante del ministerio público pidió que De Vido fuera condenado a cinco años de prisión por el delito de «contrabando de divisas» a raíz del ingreso a la Argentina del empresario venezolano. En la etapa final del juicio Agüero Vera reclamó también cuatro años y diez meses de prisión para Uberti por el mismo delito.

Con el 70,69 de los votos, Hugo Passalacqua se consagra como gobernador electo, en segundo lugar, queda Martín Arjol que por el momento acumula 22,44% de los votos.

La jornada estuvo marcada por fuertes lluvias que azotaron varias zonas de la provincia en todo el día y complicó la participación de las personas, aunque cerró en un porcentaje del 70%.

Passalacqua volverá a ocupar el cargo que ejerció entre 2015 y 2019, luego le dejó paso a quien ahora fue electo diputado provincial, Oscar Herrera Ahuad, que será quien le entregará el bastón de Andresito el 10 de diciembre.

Autoridades del Sindicato de Trabajadores Municipales eran investigados por una supuesta «financiera trucha». El mecanismo descripto por la fiscalía federal y la resolución del juzgado.  No es la primera vez que la justicia dicta penas que favorecen a los sindicalistas.

Un allanamiento que se produjo en julio de 2020 en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Municipales provocó que se evidencie públicamente la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal de la Justicia Federal por el presunto delito de lavado de activos por parte de las autoridades sindicales, entre ella Jacinto Sampayo, Facundo Sampayo y Darío Sardi.

A casi dos años del inicio de la causa, el Juzgado Federal N° 2 de Resistencia dictó la falta de mérito para los imputados mencionados como así también para Rubén Armando Ramírez y Walter Gerardo Gómez.

La investigación inició en abril de 2020 cuando la fiscalía federal recibió un correo electrónico sin firma, y con documentación bancaria como adjunto, en el que una persona identificada como trabajadora del Municipio de Resistencia denunciaba que el STM se sustentaba por «distintas fuentes de financiamiento, una de ellas es la agencia financiera para préstamos organizada de tal manera que no figura en ningún sistema ni acredita identidad financiera y con tasas usureras que superan a cualquier limite existente y regulado por bancos y entidades serias».

Dichos préstamos eran presentados, según la denuncia, como una «prestación de servicios» o «servicios» que simulaban «ser una proveeduría de insumos, todo bajo el manejo de Jacinto Sampayo, perpetuado en la administración indiscriminada del dinero que descuentan a los trabajadores para sostener los negocios y negociados que ejecutan sistemáticamente y que tienen como supervisor, en un sistema de otorgamiento, a su hijo Facundo Sampayo, quien también busca socios o aportantes de este circuito ilegal de usura».

El escrito también apuntaba contra los manejos del Bingo Municipal por el cual se realizaban pagos mensuales «donde participan los más cercanos a Sampayo como ser el secretario adjunto Darío Sardi» a quien acusaban de oficiar de «cajero» del dinero que se sumaba al «circuito de manejo a voluntad e indiscriminado» y sin que esos fondos «figuren en libros ni registros algunos».

Fue por esto que, durante la investigación, Sabadini requirió información al Banco Central mediante la cual confirmó que el STM no estaba «registrado ni autorizado a tal fin ante dicha entidad».

Tiempo después de la investigación ya iniciada, el intendente Gustavo Martínez presentó una denuncia ante la Justicia Federal detallando las transferencias de fondos que realizó al Sindicado el Municipio de Resistencia.

«En el mes de abril -2020- el total girado por todos los conceptos desde el municipio al Sindicato asciende a $16.081.000. Dicha suma dista mucho de estar bien administrada y en la   práctica, bajo la fachada de dinero legal o «blanco» derivado de la cuota sindical. Lo concreto   es que el Sindicato se ha transformado en uno de los prestamistas más importantes de la ciudad, por no decir de la Provincia, con dinero que excede largamente los seis millones que le transfiere el Municipio por cuota sindical. Por ello, el rechazo de cheques es una prueba más del desmanejo administrativo en que se encuentra envuelto el Sindicato conducido por Sampayo», denunció Martínez.

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Sabadini detalló las tres fuentes de ingreso del STM: Cuota Social (descuento a los afiliados 2.5%), Aporte Extraordinario y Servicios de Proveeduría y Prestamos al afiliado.

La «mutual» del STM, detalló el fiscal federal, era un nombre de fantasía puesto que funcionaba con el mismo CUIT del sindicato que entre sus prestaciones ofrecía «préstamos de dinero (ayuda económica) donde se verifica la disponibilidad del sueldo del afiliado y en base a ello se le otorga el mismo, bajo tasas usurarias que en algunos casos alcanzarían el 150% anual».

«Este dinero proveniente de los préstamos otorgados a los afiliados reingresa a la cuenta del Sindicato de Trabajadores Municipales de la siguiente manera: el Sindicato informa al Municipio del préstamo efectuado al afiliado mediante un listado y cuotas a descontar, el Municipio de Resistencia efectúa el descuento en el recibió de haberes del afiliado. Y el modo en que el Sindicato percibe esos rubros es a través de un Cheque que el Municipio abona al Sindicato de Trabajadores Municipales», reconstruyó el Ministerio Público Fiscal.

Sabadini también expresó que «como el Sindicato de Trabajadores Municipales no contaría   con fondos suficientes para cubrir toda esta operatoria de tipo financiero, obtendría fondos de particulares quienes a su vez colocarían esos fondos a tasas usurarias que rondarían el 10% mensual y como garantía, se les otorga un cheque de pago diferido conteniendo el capital y los intereses a la fecha pactada. Toda esta operatoria, como no está declarada tampoco obraría en los balances».

RECONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO SEGÚN EL MPF

El Ministerio Publico Fiscal señaló que la operatoria a investigar se daba mediante un mecanismo por el que una persona denominada inversor efectuaba el aporte en efectivo al Sindicato de Trabajadores Municipales y a cambio se le otorgaba un cheque diferido al portador por el importe (capital) más los intereses que se pactaban. Los que rondaban entre el7% al 12% mensual para el «Inversor».

«El efectivo que ingresaba, se volcaba para préstamos al afiliado bajo el ropaje de una ayuda económica. Ese préstamo se le descontaba al afiliado de su recibo de sueldo, es decir a través del municipio. Luego el municipio pagaba por medio de un cheque al Sindicato de Trabajadores Municipales que era depositado en su cuenta del banco del Chaco», agregó Sabadini.

DETALLES DE LO RESUELTO POR EL JUZGADO FEDERAN N° 2

El juez Enrique Bosch consideró que «no se han logrado arrimar, hasta el momento, aquellos que sean capaces de coadyuvar a la hipótesis delictiva sostenida en estas actuaciones por el Ministerio Publico Fiscal y que acentúen la responsabilidad de los encausados en la misma».

Para Bosch, en base a las medidas ordenadas durante la investigación, se «advertirían la ausencia de elementos de cargos que permitan una vinculación de los imputados con los hechos, en orden a la presunta autoría del delito de intermediación financiera no autorizada».

«Se puede corroborar que los descuentos realizados a los afiliados eran por Código de Descuento, directamente de sus haberes, no existiendo pago en efectivo en el Sindicato. Que, conforme el marco probacional que se viene detallando, el mismo no permite acreditar en autos la comisión del delito de intermediación financiera no autorizada, por cuanto de las constancias del sumario surge que no existía entrega de dinero forma directa a los agremiados al Sindicato, sino un mecanismo de adquisición de bienes mediante vales o ticket de compra y/o a través de servicios de proveedurías que se brindaba a los afiliados», detalló en su fallo el magistrado.

Para el juzgad todos los elementos merituados «resultan insuficientes para determinar con fuerza vinculante la intermediación financiera realizada por fuera del alcance regulatorio y supervisor de la autoridad de control, en relación a los imputados, con el grado de probabilidad requerido por la ley procesal», es por eso que a todos los imputados les declaró falta de mérito.

En conferencia de prensa, los dirigentes piqueteros del Partido Socialistas Unidos por el Chaco presentaron los candidatos que integrarán las diferentes listas en las elecciones de este año. El dirigente social Emerenciano Sena será candidato a primer diputado provincial, mientras que Marcela Acuña buscará ser intendenta de Resistencia. 

“Seguiremos en esta línea y pretendemos lograr, en un futuro inmediato, incorporar la filosofía de construcción política, buscando proyectar a nivel provincial y nacional el gran trabajo que realizamos”, sostuvo Emerenciano Sena.

El presidente del Partido Socialistas Unidos por el Chaco consideró que “mucha gente tiene tendencia a respetar y acompañar el trabajo que realizamos hace más de 15 años, y que hoy son una realidad en nuestro barrio”. 

Entre los logros del movimiento que conduce, destacó la construcción de la Escuela de Gestión Social N °2, el Centro de Salud N° 1, más de 400 casas, edificios escolares y “un barrio limpio y seguro que cuenta con todas sus calles asfaltadas”.  “Gracias a Dios tenemos el respaldo inmenso de personas que trabajan todos los días del año,”, finalizó.

“RESISTENCIA HA SIDO DESBASTADA” 

Por su parte, Marcela Acuña, candidata a intendente de Resistencia, criticó la gestión del intendente Gustavo Martínez asegurando que la ciudad de Resistencia “ha sido desbastada. Disputaremos en las elecciones proponiendo volver a reconstruir la capital chaqueña”, agregó.

Además, reflexionó sobre el ataque político a los “piquetes” indicando “dirigentes del Partido Justicialista y la UCR lo toman como eje evitado referirse a las obras que no se terminaron en Resistencia. Si se las hubieran encargado a nuestros compañeros de los movimientos sociales estarían terminadas hace mucho tiempo”, insistió.

“La solución a los reclamos sociales nunca será con el Código Penal, sino con decisiones políticas y sin hipocresía, donde el eje sea la apertura de fábrica, la generación de trabajo real para la gran masa de trabajadores desocupados que hoy están contenidos con planes”, reflexionó.

El tribunal presidido por el juez Enrique Bosch y el fiscal general Federico Carniel además inhabilitó al exfuncionario, que siguió las audiencias del juicio desde la cárcel de Ezeiza, a ejercer cargos públicos por el mismo periodo.

Roberto Medina, que fue detenido el martes 14 de diciembre de 2021, fue declarado culpable por ser «partícipe necesario del delito de trata de personas agravado por el uso de violencia, amenazas y abuso de la situación de vulnerabilidad» en el marco de la causa «No me Olvides».

El Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger, también acusó al ahora condenado de «facilitar la prostitución» y de ser «consumidor» de las víctimas de trata. Para la magistrada, quedó probado que tuvo responsabilidad en dicha red de explotación sexual.

La causa investigó la red de explotación sexual de mujeres que eran extorsionadas con becas del Plan de Fortalecimiento Comunitario (FOCO) por la fundación manejada por Rolando «Kilo» Vallejo llamada «No me olvides».

Las víctimas, becarias dependían de la fundación No me Olvides que manejaba el matrimonio, tenían entre 18 y 35 años. Dos de ellas fueron abusadas sexualmente por Vallejo y Mambrín.

Vallejo se suicidó antes de ser detenido, también está involucrada su esposa Elida Mambrín que recibió 15 años de cárcel y Lorena Quintana, la secretaria que recibió la condena de tres años en suspenso.

La región noreste se lleva nuevamente el índice más alto del país. El producto que mayor incremento marcó es la carne y le siguen el alza de los servicios de telefonía e internet.

El INDEC dio a conocer los índices inflacionarios, y como se esperaba, superó el 100% internaual según anticiparon varias consultoras que miden la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta es la cifra más alta en 33 años.

La inflación de febrero fue de 6,6%, con una aceleración de 0,6 puntos porcentuales con relación al 6% de enero y una variación interanual de 102,5%. La medición de los últimos 12 meses es la más alta en 32 años.

 Los precios mantienen una senda alcista de cuatro meses consecutivos desde el 4,9% registrado en noviembre, la cifra más baja de la asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.

En este sentido, la división de mayor aumento en el mes fue «Alimentos y bebidas no alcohólicas», que reportó una suba del 9,8%, principalmente por la incidencia que tuvo el alza de «Carnes y derivados» y de «Leche, productos lácteos y huevos».

Este es el sector que mayor incidencia tiene sobre todas las regiones. Particularmente, el INDEC destacó el incremento en las carnes, pero también las subas que se registraron en productos lácteos y huevos; y en frutas, por cuestiones estacionales.

Las divisiones con mayores aumentos fueron «Comunicación» (7,8%), sobre la que incidió el alza de los servicios de telefonía e internet, y «Restaurantes y hoteles» (7,5%). También se destacó en el segundo mes del año el aumento de: las cuotas de las prepagas, que impactó sobre el rubro «Salud» (5,3%); cigarrillos, en «Bebidas alcohólicas y tabaco» (5,2%); los combustibles, dentro de «Transporte» (4,9%); y los servicios de electricidad y agua en algunas regiones, en «Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles» (4,8%).

Luego de que la Justicia condenara a Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, la vicepresidente encabezará este martes el acto de inauguración de un complejo deportivo en el partido bonaerense de Avellaneda.

Allí, se aguarda que pronuncie un discurso de alto contenido político, en el contexto del fallo de la Corte Suprema contra el Gobierno nacional por los fondos destinados a la Ciudad de Buenos Aires.

La exmandataria fue invitada por el intendente Jorge Ferraresi (Frente de Todos) para participar, alrededor de las 19, del acto de inauguración de un Polideportivo Municipal, en el barrio Villa Corina.

Como suele ocurrir cada vez que la expresidenta se está por presentar en público, casi nadie conoce el contenido de su discurso, pero sus allegados descuentan que brinde un mensaje de fuerte contenido político y de proyección hacia el proceso electoral del 2023.

EXPECTATIVA

«Cristina siempre tiene un alto nivel de discurso político, conceptualmente, y es lógico, porque pone blanco sobre negro en cuanto al presente, y además genera un discurso hacia el futuro», dijo Ferraresi, en una entrevista concedida a Télam.

La última vez que Fernández de Kirchner había dado un mensaje público fue el 6 de diciembre, después de que se conociera el fallo en su contra a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en la causa conocida como «Vialidad», sentencia que para la vicepresidente fue dictada por un «estado paralelo, una mafia judicial».

En aquella oportunidad, en sus redes sociales la exprimera mandataria anunció además que no será candidata a ningún cargo electivo en 2023, debido a que no quiere someter al peronismo a que lo «maltraten» en un período electoral, a raíz de ese fallo.

Fernández de Kirchner iba a brindar un discurso el lunes 12 de diciembre en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en el marco de una actividad convocada por el Grupo de Puebla para expresarle respaldo ante la condena en su contra, pero la cita debió ser postergada hasta el lunes 19, con motivo del cuadro de Covid-19 contraído por la exmandataria. Sin embargo, el grupo regional resolvió posteriormente posponer la cumbre para marzo del año próximo.

En la entrevista con Télam, Ferraresi -un dirigente muy cercano a Cristina Fernández, que se desempeñó hasta noviembre pasado como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat del Gobierno nacional- se refirió al renunciamiento de la dos veces presidenta a una posible candidatura en 2023.

Sobre ese tema, sostuvo que la expresidenta pidió al Frente de Todos (FdT) «construir desde lo político» por lo que -indicó- en la coalición oficialista «habrá un debate interno en los próximos meses».

No obstante, aclaró que «si Cristina tiene que ser candidata tendrá que serlo, porque lo importante es que en 2023 el FdT siga siendo gobierno».

LA CONDENA A CRISTINA KIRCHNER

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, fue condenada a seis de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de defraudación al Estado en la denominada «causa Vialidad», en tanto que el tribunal desestimó la acusación de ser jefa de una asociación ilícita.

La sentencia fue tomada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, en el juicio en que se investigó hechos de corrupción por el desvió de fondos a través de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, en beneficio del empresario Lázaro Báez, quien recibió una pena similar.

La ex presidenta se enteró de la decisión en su despacho del Senado, a través de una audiencia por video conferencia.

Cabe recordar que el fiscal Diego Luciani, quien también escuchó la sentencia desde su oficina, había pedido doce años de condena para ella.

En tato, el tribunal desestimó la asociación ilícita, y absolvió a Julio De Vido, Abel Fatala, Carlos Santiago Kirchner y Héctor Garro.

La comuna de Resistencia Realizó una presentación ante la Justicia para que se garantice el derecho a la libre circulación en la capital, tal como lo establece la Constitución Nacional.

El Municipio reconoce el derecho a reclamar que tienen las personas y las agrupaciones, pero al mismo tiempo entiende que es necesario encauzar los pedidos por otras vías, para no perjudicar a miles de personas que también utilizan la vía pública, para trasladarse a sus trabajos o cumplir con sus tareas y obligaciones diarias.

La gestión municipal denunció formalmente al dirigente del Movimiento Social MTD ‘No al Desalojo‘, Ramón Aguirre, a la referente del Movimiento Cooperativa, Eugenia Aguirre, por ‘considerarlos responsables del delito tipificado en el Artículo 194° del Código Penal, por la organización y ejecución de actos y acciones dirigidos a la obstrucción de la circulación vehicular y peatonal sobre las calles Marcelo T. Alvear, entre Pueyrredón y Mitre, reclamando viviendas y audiencias con autoridades del IAFEP‘.

En la denuncia se afirma que un grupo de 40 personas portaban elementos de percusión, equipos de audio a volumen alto, propinando mensajes agraviantes a las autoridades, arengando a los participantes con carteles y chalecos que los identificaban como pertenecientes a las organizaciones sociales mencionadas.

Pedro Castillo fue destituido esta tarde del cargo del presidente de la República por el Congreso de la República. El exmandatario había dado un mensaje a la Nación en el que disolvió inconstitucionalmente el Parlamento y anunciar la reorganizar el Poder Judicial y el Ministerio Público.

El pleno del Parlamento hizo un llamado a todas las bancadas para la sesión extraordinaria y aprobó la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral con 101 votos a favor -de los 87 requeridos- y cuatro en contra. En tanto, varios congresistas afines al saliente gobierno no se presentaron a votar.

El presidente peruano Pedro Castillo anunció este miércoles la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia en una medida interpretada como un autogolpe por la vicepresidenta, altos funcionarios y analistas políticos.

La medida fue anunciada pocas horas antes de que el Parlamento se reuniera para debatir su tercer intento de destituirlo desde que asumió el poder hace 16 meses.

«Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional; convocar en el más breve plazo a un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses», dijo Castillo en un mensaje a la nación leído desde el palacio de gobierno, transmitido por televisión.

«A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy», indicó el mandatario, de traje azul y con la banda presidencial puesta.