A cuatro años de la muerte de una docente de Fundación Valdocco, la Justicia todavía no esclareció el caso

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Yanina Daniela Sequeira Falchini, una docente de la Fundación Valdocco, murió en marzo de 2015 en un departamento en donde vivía con su pareja y su bebé en General Vedia. El concubino también trabajaba en la misma Fundación. Hasta hoy la Justicia penal de Resistencia no pudo esclarecer la causa de esa muerte.

Por primera vez en tres años se ordenó revisar los resultados y las conclusiones de la autopsia realizada en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) del Poder Judicial, cuyo informe provocó más dudas que certezas y una fenomenal pérdida de tiempo y de recursos. Los familiares ahora pidieron que intervengan los médicos forenses de la Corte Suprema.

Sequeira Falchini había sido designada directora del establecimiento secundario de Fundación Valdocco, con sede en General Vedia, y se encontraba cumpliendo los trámites para acceder a ese cargo. El 21 de marzo de 2015, aproximadamente a las 11.30, su familia recibió un llamado desgarrador. El hermano del coordinador general de Valdocco, Marcos Molina, se comunicó para informarles que “tuvieron una desgracia”, que Yanina había muerto. Hasta ahora nadie determinó la causa de muerte, lo que compromete severamente a los que investigaron en la causa penal.

Cuatro años de dudas: ¿fue una muerte natural o un femicidio?

La policía de Vedia que llegó al lugar había anotado en el acta de constatación que se trataba de una “muerte dudosa”. Contradictoriamente en el expediente policial se caratuló el caso como “muerte natural”. O sea que gran parte del procedimiento fue erróneo e irregular desde el inicio, aunque después se agravó en el ámbito de la Justicia penal, a tal punto que hasta ahora no se determinó la causa de muerte de Yanina.

El médico del Hospital de General Vedia, Ariel Rodríguez, fue el primero en revisar el cuerpo de Yanina, quien apareció tendida en su cama. La examinó y comprendió que debía realizarse la autopsia del cadáver para determinar la causa de muerte. Pero ese mismo día, a las 21.40, la primera fiscal que intervino en la causa, Dra. Dolly Fernández, ordenó a la policía de Vedia que Yanina falleció de “muerte súbita, muerte natural”. Hasta ahora no se sabe la razón o motivo por el cual la referida fiscal tuvo un comportamiento más que llamativo y poco profesional dado que ni siquiera contaba con el informe preliminar de autopsia.

Pasaron más de dos meses de la muerte de Yanina mientras el IMCIF no informaba a la Fiscalía los resultados de autopsia, que es lo mismo que decir que se desconocía la causa del deceso.

El 4 de junio de 2015 el perito médico del IMCIF, Daniel Caram, presentó al titular de la Mesa Única de Ingreso e Intervención Temprana (MUIT), Edmon Danilo Perot, el informe preliminar (macro) de autopsia. Afirmó que la causa de muerte fue “paro cardiorrespiratorio”, pero que la opinión quedaba sujeta a la confirmación de los estudios anátomopatológico y toxicológico que debían realizarse. Caram se expresó en otros términos, pero en definitiva su informe era de naturaleza técnicamente preliminar, en la que no se puede apoyar ningún fiscal, ni ningún juez para establecer la mecánica de cualquier fallecimiento ni para acusar a autores y responsables del delito de homicidio.

Peor aún, el 21 de mayo de 2015, casi un mes antes de que el IMCIF elevara el informe preliminar de la autopsia, Perot ordenó el archivo del expediente. Además de insólito, dispuso el archivo para que no se continúe investigando a pesar de que en el expediente no estaba agregado el informe preliminar de autopsia que realizó el forense Caram.

El jefe de la MUIT para archivar el expediente consideró que Yanina falleció de “muerte natural” y, que por lo tanto, no se debía investigar porque no se produjo ningún delito.

Si el trabajo del IMCIF sobresale por sus puntos grises, las dudas también se extienden al profesional que intervino en representación del Gabinete Científico del Poder Judicial, que depende del Procurador General, Jorge Canteros. A los fines de efectuar el relevamiento científico de la escena del crimen y del cadáver se presentó en el lugar el criminalista Gastón Miskinich. Luego presentó un “informe técnico” que consistió en aportar doce imágenes fotográficas con epígrafe, para cerrar señalando “es todo cuanto informo”. Este profesional declaró en la causa y se “remitió” a las imágenes. En la Fiscalía no le preguntaron si se modificó el lugar donde encontraron el cadáver de Yanina. Todo muy raro en el mundo penal de la Justicia chaqueña, por lo menos para la familia de la víctima.

La hipótesis no investigada

En agosto de 2017, cuando ya intervenía en la investigación la Fiscal de Cámara Graciela Griffith Barreto, se produjo el fallecimiento del padre de Yanina, Cristóbal Sequeira. La familia venia interviniendo como querellante en la causa y proponía medidas y pruebas para esclarecer la causa de muerte impulsada por las sospechas que tenían. Norma Falchini, madre de la víctima, asumió esa intervención y en noviembre logró incorporar un informe técnico que realizó el Dr. Juan Basilio Ramírez, que se basó en los estudios y las fotografías que fueran agregados a la causa a través del informe de autopsia.

Ramírez prestó declaración testimonial en agosto de 2018. Afirmó que las imágenes revelan la posibilidad de que Yanina fuera víctima, atontada por golpes que no le provocaron la muerte. ¿Para qué? El médico dijo que en la causa penal existen otros elementos que permitirían entender que se podría estar en presencia de una asfixia mecánica por el taponamiento de las vías áreas “como es en el caso de la sofocación” posiblemente provocada por un tercero.

El médico del IMCIF, Daniel Caram, sobre las huellas de los golpes que presentaba el cadáver de Yanina había declarado en octubre de 2016 reconociendo la existencia de hematomas en el cuerpo y explicó que “se pudieron haber producido por algún golpe, pero no se observaron en órganos vitales”, como si tal opinión fuera relevante ante un posible homicidio.

El médico Ramírez puso sobre el tapete otro dato inquietante. Una imagen de la autopsia revela claramente que la víctima tenía restos de sangre o tejidos en una uña. La pregunta, primaria y básica, que se debe formular cualquier investigador debió ser: ¿la víctima quiso defenderse de alguien o de algo? Sin embargo, en el IMCIF no recogieron muestras de aquella sangre ni mencionaron en el informe la existencia de ese fluido. Por lo tanto, nunca tomaron muestras de ADN para saber si una tercera persona estuvo con Yanina al momento de su muerte. Luego de la autopsia el cuerpo fue inhumado y con él se esfumaron las posibilidades de hacer ese estudio. Si otra persona hubiera estado allí, ese departamento podría haber sido la escena de un eventual homicidio, que en la actualidad sería un femicidio.

¿Nueva autopsia?

Las conclusiones del informe confeccionado por el médico Juan Basilio Ramírez movió a la Fiscalía a correrse por un momento de la perezosa hipótesis de la muerte natural. Habiendo declarado el Dr. Caram y el propio Ramírez en la causa, la Fiscalía ordenó en octubre de 2018 la “realización de una nueva autopsia”, sin cadáver. Los profesionales que deben emitir un informe solamente podrán valorar los informes que están en la causa.

Entonces, la expresión autopsia resulta poco acertada. Es imposible la práctica ordenada por el tiempo transcurrido porque ya no se cuenta con los restos de Yanina. Lo que pretenden llevar adelante, ante tantas incertidumbres y dudas derivadas de una pésima investigación judicial, es que médicos legistas independientes revisen y evalúen todo lo procesado durante y después de la autopsia y las conclusiones desarrolladas en los informes confeccionados por el médico legista oficial, Daniel Caram, y el que contratara la familia de Yanina, Juan Basilio Ramírez.

La fiscal de Cámara, Griffith Barreto, barajaba la idea de dar intervención a la directora del Instituto Médico Forense, Gabriela Lamparelli. También solicitó la participación de un médico del Hospital Perrando, que contestó que no tiene profesionales especializados en materia forense.

Por su lado, la Querella justificadamente se opone que intervenga nuevamente el IMCIF. Es comprensible la postura de la familia tomándose en cuenta que hasta ahora no se ha determinado la causa de muerte de Yanina a pesar de que ha pasado mucho tiempo y que el legista Caram cuando informó a la Fiscalía en junio de 2015 no estableció la causa del fallecimiento, aunque cuando declaró como testigo dijo que “impresionaría” ser una causa no traumática la que provocó la muerte de Yanina. Por ese motivo la Querella pidió que intervengan peritos médicos de la Corte Suprema de la Nación, para que realicen un proceso de valoración y emitan un informe sobre el desempeño del IMCIF en materia de autopsia, informe preliminar (macro) e informe definitivo (micro), con la finalidad de establecer –con certeza- el motivo de muerte de esta mujer. La fiscal Griffith Barreto y la juez de Garantías, Rosalía Zozzoli, ahora tienen la última palabra.

Fuente: Centro Mandela DD.HH.